Atributos estratégicos de un país más justo y aspirable
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En República Dominicana, donde en esencia, salvo contadas excepciones hasta ahora, no hay prácticas, ni tradición, ni una voluntad gestionaria mínima persistente para la aplicación de un real modelo consistente y sustentable, de gestión administrativo con significativo nivel de: Transparencia con probidad, participación efectiva y promotor progresivo de relevante nivel de equidad social, consideramos pertinente sugerir algunos planteamientos que deberían ser objetivamente ponderados y tomados en cuenta. Estos criterios actualmente los entendemos pertinentes, a propósito de ser declarado por el Poder Ejecutivo el año 2011 como “Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”.
Según afirman algunos buenos dominicanos dolientes, que siempre deberán existir: la falta de transparencia con probidad constituye una herencia o “legado lacerar”, derivado de la dictadura “Trujillista”, en la que los funcionarios se creían o actuaban de hecho entre sí, en base a émulos distorsionados (no sobre méritos o valores éticos reales), frente a la percepción de “El Jefe”, ya que los mismos, según se afirma, no consideraban como una obligación, ni norma propia de una administración, llevar o manejar los asuntos públicos como si fuese en una caja de cristal, de cara a la sociedad, a fin de que sus actuaciones pudieran ser visualizadas y evaluadas por todos, a la luz de los hechos y las evidencias empíricas. Es decir, lo importante para cada funcionario, en esa época, que lamentablemente aún sigue teniendo vigencia en cierta medida, era tratar de exceder o aventajar a su competidor frente al “Jefe”, sin importar sobre qué base o manipulación de informaciones fuese necesario.
En términos resumidos y de forma puntual, es pertinente señalar y ponderar que el sector público es cuantitativa y cualitativamente fundamental en toda formación social actualmente, ya que representa una proporción muy importante de la economía o del sistema económico de cualquier país.
Pero además, porque es el sector que social y estratégicamente, debe velar por el funcionamiento adecuado, la seguridad, la libertad y garantía de los derechos ciudadanos, el bienestar y cobertura social de los derechos de todos los ciudadanos, según los principios y misión histórica, de los Estados de derecho y más, en los llamados Estados Democráticos Social de Derechos, como proclama precisamente el Estado dominicano, la actual Constitución de RD, proclamada, el 26 de enero del 2010.
También resulta importante destacar, según la evidencia práctica en RD, donde el sector público dominicano funciona en base al financiamiento económico que de manera directa e indirecta contribuyen todos los ciudadanos, pero donde la mayoría que tiene menos capacidad de pago contribuye en base a una equidad regresiva y altamente injusta, es decir, quienes deben contribuir con mayores aportes fiscales, de alguna manera (burlando las normas o aprovechando las deficiencias sistémicas tributarias existentes) logran aportar menos ingresos fiscales con respecto a sus niveles de ingresos anuales reales, lo cual debe obligar a exigir con un mayor interés, por razones de equidad, ética y justicia social a que realmente sea establecido y aplicado un suficiente “nivel de transparencia con probidad”, en el desempeño de dicho sector sobre el comportamiento, aplicación tributaria y evolución financiera de todo el nivel de ingresos y de gastos públicos que realmente maneja el sector público dominicano en cada ejercicio fiscal anual, como forma práctica de garantizar y evitar que la distorsión en el uso de los recursos públicos siga promoviendo la inequidad y la injusticia como elemento de convivencia “normal”, con la secuela de que la pulcritud y la honestidad, como valores éticos, de hecho sigan siendo una “ficción fuera de contexto”.
En forma evaluativa y considerando la evolución histórica del comportamiento y manejo institucional de los procesos socioeconómicos, según los avances de desarrollo cultural y tecnológico de la humanidad, la conclusión a que han llegado los investigadores de las ciencias pesadas es que el universo resulta ser participativo (Fritjop Capra/El Punto Crucial/B. Aires/1999).
En consecuencia, los ciudadanos, en sentido general, han ido aprendiendo la necesidad de asumir cada vez una participación consciente y real a través de un largo proceso de experiencias difíciles, pero a la vez instructivas para los observadores más acuciosos y seguidores de los avances sociales.
Según se infiere de lo indicado, es un hecho evidente que los tiempos han cambiado de tal forma que la educación y la instrucción que durante mucho tiempo estuvieron destinadas a una élite reducida, que era la que podía ascender a los puestos de mando en las épocas del autoritarismo, donde el fenómeno de la administración se concebía como una relación de: mando, subordinación y control, reflejando así la esencia del funcionamiento del modelo administrativo burocrático. Sin embargo, con el surgimiento de los cambios, los avances tecnológicos y cada vez una mayor competitividad en una gran cantidad de mercados en los procesos de producción y distribución de bienes y servicios cada vez más sofisticados, se ha hecho necesario y determinante, para poder competir, asumir la concepción de una nueva visión de entidad empresarial, basada en la relación de: conocimiento, cooperación y confianza (concepción de la triple C), abandonando la visión de mando y control tradicional, que representa el “Modelo burocrático”.
La situación actual indica y refleja, según expertos (Echeverría, R./La empresa emergente/B.Aires, 2000- 02), que las empresas del futuro, existentes ya en los países avanzados, están exigiendo, cada vez más, personas con conocimientos más calificados, como forma de generar y exigir confianza. Es decir, en razón de que el conocimiento genera y exige confianza. En consecuencia, la existencia de un personal empresarial con tales características, le garantiza a una empresa moderna poder operar en forma eficiente y con significativo grado de confianza, sin lo cual no puede ser competitiva ni sostenible.
Trascendencia y significación de la participación. La participación, como teoría administrativa va más allá de considerar al individuo como un simple objeto utilizable, es decir, parte de la concepción del ser humano como persona, con los atributos propios de alguien que tiene dignidad en una comunidad determinada. La empresa moderna y su estilo de dirección responden a una concepción empresarial basada en el conocimiento. Es decir, requiere personas con conocimientos, ya que el conocimiento genera confianza y exige confianza, lo que indica que sin confianza no puede existir ni competir. Esto implica que el conocimiento a su vez exige información y la empresa moderna es también manejo de información, que es precisamente la base del conocimiento.
En tal sentido, es pertinente señalar que la empresa tradicional tenía el conocimiento y la información, pero limitados a los altos niveles de dirección. Ahora con la modernización esa empresa no tiene ninguna posibilidad de competir y resultar exitosa, porque ahora todos y cada uno de los miembros de la empresa son personas con conocimientos y capacidad en manejo de información, y para ser optimizado en el cumplimiento de sus funciones necesitan confianza y la confianza se logra compartiendo el conocimiento y las informaciones existentes. Esto explica, en esencia, la necesidad y tipo real de la participación que debe existir. Esta situación se transfiere con mayor rigor y dimensión a las comunidades y a todo el sector público, de cualquier país.
Lo anterior analizado infiere que el trabajador actual capacitado, en sentido general, es un trabajador del conocimiento, es una persona con atributos específicos, que se encuentra inmerso en las empresas o entidades competitivas, que de hecho genera poder. Por su parte, la participación, en esencia, es tener y a su vez generar poder, ya que tener acceso a las decisiones que afectarían la vida del trabajador es también afectar el éxito o fracaso de la empresa. En tal razón, lo conveniente y sostenible es que las decisiones en todos casos respondan a criterios de equidad, transparencia y probidad.
Esto define, en consecuencia, que la base de la participación real es el acceso a la información disponible, porque no se puede participar inteligentemente con creatividad, sin tener previamente información realista capaz de ser procesada y que la misma pueda contribuir a generar aportes y soluciones oportunas y viables. Esto, a su vez, revela que no hay diversas clases de participación. Solo hay una posible participación productiva y sostenible: tener acceso a las decisiones y contribuir a ellas, con las informaciones realistas disponibles. Es decir, hay requerimientos previos para que la participación sea efectiva y real, por lo que no basta quedarse en los requerimientos para creer que eso es participación. La Participación real, existe solo en el poder de decisión y ejecución consciente. Las demás formas de participación son “aparentes”, “virtuales” o “ficticias”.
Uno de los aspectos implícitos en el Modelo burocrático de gestión pública es la carencia de “Transparencia real con probidad”. El Modelo burocrático en teoría implica que cada funcionario conoce las reglas que lo rigen y sabe, en consecuencia, cuáles son sus deberes y derechos. Esto se cumple formalmente, pero la información operativa objetiva, respecto de lo que se hace en la práctica, sus fines particulares, costos reales, calidad, entre otros, está generalmente oculta, así como la base de criterios y supuestos para la adopción y aplicación de las políticas públicas que resultan ser aplicadas.
Esto motiva por derivación y conveniencias particulares el surgimiento de las acciones de corrupción y todas sus consecuencias. Sin embargo, la tesis sustentable es que la transparencia real supone la existencia de principios que deben hacer valer la verdad, el acceso a la información veraz disponible en forma oportuna, puesto que la probidad implica el poder verificar el cumplimiento del uso de los recursos y los fines del servicio público ofrecido y programado, sin la desviación de los recursos públicos hacia fines ajenos, a las asignaciones establecidas legalmente. Es decir, donde hay “transparencia con probidad” efectiva no debe existir corrupción, ni participación aparente o “ficticia”. Se asume el cumplimiento real de las normas, el valor ético y la identificación del interés laboral institucional del empleado público debidamente respaldado por la institución pública a quien le sirve.
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El Sector Público
En sentido general, hasta ahora, el “Modelo burocrático” que de hecho se ha seguido aplicando en la mayoría de los países, con algunas escasas excepciones, (en los que no aplica RD, como país no burocrático), existen de hecho diferentes “tipos de participaciones”, en cuyos casos el problema del poder de decisión y ejecución brilla por su ausencia. Por lo tanto la participación que formalmente se ofrece es inexistente, resulta virtual. Es decir, la participación de ignorantes o carentes de informaciones válidas y criterios fundamentados en formas razonables y equitativas, los convierte en consecuencia, de hecho, en un poder aparente, pues no tienen nada o muy poco que aportar para mejoría del bienestar social en forma significativa (en su defecto, lo que surgen son “lealtades perversas”). Es relevante destacar que en el sector público tradicional la participación real resulta distorsionada por relaciones de poder “viciado”, por lo que en un Estado que se haga llamar democrático institucional, los servicios públicos deben ser ofrecidos a todos con equidad y eficiencia, no por “relación de poder”.
(*) El autor, es economista, Máster Gestión Pública, UNED, España, y Prof. Titular UASD, Finanzas Públicas y Política Fiscal
