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30 may. 2008

INFORME MISION DE OBSERVADORES ELECTORAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA

borrador
INFORME VERBAL
D. José Octavio Bordón, Jefe de Misión
MISION DE OBSERVACION ELECTORAL EN LA REPUBLICA DOMINICANA
El pasado viernes 16 de mayo, las dominicanas y los dominicanos acudieron a las urnas para elegir al Presidente Constitucional que gobernará el país durante los próximos 4 años.
Conforme a la Carta Democrática Interamericana y a la Declaración de Principios de Observación Electoral Internacional y respondiendo a una invitación de las autoridades electorales, tramitada por el Gobierno Nacional, la OEA organizó una misión de observación electoral compuesta por 70 observadores procedentes de 17 naciones del continente americano y de Finlandia, Japón, Italia, y España.
La Misión fue desarrollando sus actividades de manera progresiva y tuvo presencia permanente en el país desde el 18 de abril, concluyendo el despliegue con la llegada de los observadores internacionales a lo largo de la semana previa a las elecciones. Como resultado, para el día de los comicios la Misión ya contaba con una oficina en el Distrito Nacional y otras cinco en diversos puntos del país, cubriendo 20 de las 32 provincias de la República.
La República Dominicana cuenta con una democracia estable que ha servido para ir afianzando los derechos y las libertades públicas, para tener un sistema político firme y autoridades electorales creíbles que gozan de la confianza y el aprecio de los ciudadanos. La observación realizada durante el periodo previo a las elecciones demostró que, si bien existían desafíos que era necesario resolver, el debate político electoral no pasaba por cuestionar aspectos realmente troncales, como la legitimidad de las autoridades electorales o el respeto a la voluntad popular. Sin ser menores, los desafíos a enfrentar eran, fundamentalmente, cuestiones técnico-jurídicas y prácticas arraigadas en la cultura política y electoral.
En este contexto, el objetivo de la Misión de la OEA fue contribuir a ese esfuerzo de consolidación democrática, tanto mediante la observación imparcial como con la realización de recomendaciones destinadas a cooperar en la mejora del sistema y las instituciones electorales.
Etapa pre-electoral
Organización Electoral
La Junta Central Electoral es una institución que cuenta con una importante legitimidad, credibilidad y prestigio en el país. Esto no fue cuestionado por ninguno de los actores involucrados en las elecciones, lo que no significa que no existieran dudas o críticas en relación con algunos de los procesos que la Junta llevaba adelante.
Durante la etapa pre-electoral, el uso de scanners para retransmitir imágenes de las actas desde los recintos electorales hacia la Junta Central Electoral fue el procedimiento más cuestionado. A este respecto, la Misión consideró que el uso de esta herramienta sólo buscaba servir como un mecanismo de agilización y que no tenía una incidencia determinante en el conteo final. Sin embargo, sí se percibió falta de previsión en los plazos y circunstancias de la llegada de los equipos, lo que generó dudas e intranquilidad en los partidos políticos de oposición.
Finalmente, hay que tener en cuenta que existieron también otros reclamos centrados en una posible tibieza en el tratamiento de las denuncias por parte de la Junta. La Misión considera que, dentro de las competencias que posee, la autoridad electoral actuó correctamente. Cabe destacar, sin embargo, que se evidencia deficiencia normativa respecto al seguimiento de las denuncias y la imposición de sanciones.
La campaña política
Cuatro dominicanos perdieron su vida durante dos sucesos distintos en la última semana del proceso electoral. Estos acontecimientos empañaron un proceso que había transcurrido de modo relativamente pacífico. Vale mencionar, en particular, el incidente en la provincia de Montecristi donde, faltando apenas dos días para las elecciones, un enfrentamiento entre militantes de distintas tendencias políticas terminó con tres muertos. Como consecuencia de este hecho se detuvo de manera preventiva a 27 personas, la mayor parte de ellos activistas provinciales del partido de oposición pese a que esto contraviene el artículo 89 del Código Electoral. Buscando reducir la tensión, la Misión mantuvo un contacto permanente con los jefes de campaña de los respectivos partidos, las autoridades electorales y judiciales, y las familias de las victimas. La Cámara Administrativa de la JCE accionó para solicitar la libertad de las personas que no hubieran estado involucradas de manera infraganti y mantuvo informada a la MOE-OEA, al tiempo que comunicaba a la opinión pública sobre estas gestiones.
Otro tema que preocupó a la Misión fue la utilización de recursos del Estado por parte del poder ejecutivo para favorecer la reelección del candidato oficialista. Estas acusaciones incluyeron quejas sobre pagos irregulares a militantes y el uso de publicidad estatal con fines proselitistas.
La Misión dio seguimiento permanente a esta problemática y, en particular, a las conocidas como las "nominillas", es decir, al eventual pago de salarios a militantes del Partido de la Liberación Dominicana por trabajos no realizados en la administración pública. La Junta Central Electoral aprobó una resolución solicitando al gobierno que esos pagos se detuviesen hasta que concluyese la campaña y la cuestión quedó en manos de la justicia ordinaria, que será la que finalmente deba pronunciarse. En todo caso, la MOE-OEA manifestó públicamente en diversas oportunidades su preocupación respecto a este problema, incluyendo una referencia expresa en el Informe Preliminar.
Respecto al uso de la publicidad estatal y su influencia en la campaña, la Misión pudo constatar la existencia de excesos y aconsejó mayor prudencia al gobierno de modo que no se comprometiese la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. La JCE actúo también en ese sentido solicitando se eliminasen algunas publicidades oficiales. Sin embargo, se puede afirmar que, igualmente, el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral.
Como consideración final respecto a la campaña, la Misión opina que su duración es excesiva, lo que se agrava teniendo en cuenta que el país entra en procesos electorales cada dos años. Esto significa no sólo la fatiga de los ciudadanos, sino también un gasto económico alto.
Normatividad
La normativa electoral dominicana adolece de vacíos en temas como la participación del Estado en las campañas electorales, la reglamentación de los partidos políticos y la investigación, seguimiento y sanción de los delitos electorales. A esta dificultad hay que sumar el modo laxo con el que en ocasiones se asumen algunas normas ya existentes.
La Junta Central Electoral no tiene competencias para resolver los delitos electorales y las denuncias deben ser llevadas ante la justicia. Sin embargo, los plazos de la justicia ordinaria no se corresponden con los términos perentorios que exige el proceso electoral, lo que significa que los eventuales ilícitos electorales no pueden resolverse antes de que la campaña concluya. En todo caso, es importante aclarar que, de todas las denuncias manifestadas ante la misión, sólo la de las nominillas se presentó oficialmente ante el Ministerio Público.
Finalmente, una reflexión sobre los problemas normativos que se evidenciaron alrededor de la reelección consecutiva. Como ha sucedido en muchos otros países de América Latina, la reforma constitucional que permite la reelección fue aprobada sin contar con las modificaciones legislativas respecto al uso de los recursos del Estado, lo que ha conllevado un vacío legal que dificulta la fiscalización de los mismos. En todo caso, creemos oportuno señalar que la reforma constitucional que permite la reelección no fue realizada durante el actual gobierno, sino durante la gestión anterior.
El día de los comicios
El proceso se llevó adelante de manera satisfactoria. Los partidos, los candidatos, las autoridades electorales y, fundamentalmente el pueblo dominicano, aportaron con responsabilidad y respeto a que los comicios se desarrollaran ordenadamente, en un clima de tranquilidad y ausencia de violencia o dificultades verdaderamente graves.
Los atrasos y el desorden no fueron infrecuentes, pero en general la organización fue muy buena y prevaleció el deseo ciudadano de participar en la elección de sus autoridades y se percibió entusiasmo por parte de los votantes y buena capacitación de los jurados.
Los observadores de la Misión recibieron denuncias, e incluso fueron testigos, de irregularidades esporádicas, como el proselitismo electoral dentro de los recintos y el uso inadecuado de distintivos políticos en los lugares de votación. La opinión de la Misión, sin embargo, es que estos problemas no afectaron de manera determinante el desarrollo de la jornada ni los resultados finales.
Del mismo modo, los scanners funcionaron, en general, apropiadamente y las dificultades que se presentaron, sobre todo por caídas de la corriente eléctrica, reinicio de los equipos o dificultades de los operarios, fueron de escasa importancia y pudieron ser resueltos adecuadamente.
La dificultad más compleja se produjo tras concluidas las votaciones cuando algunos medios comenzaron a publicar proyecciones obtenidas por las encuestas a boca de urna. Es necesario aclarar que la legislación dominicana las prohíbe y que la proclamación de resultados es atribución exclusiva de la Junta Central Electoral. Sin perjuicio de ello cabe resaltar la importancia que el estado dominicano, a través de la JCE, haya incrementado su capacidad operativa y velocidad en la respuesta como un instrumento fundamental para poder afrontar los desafíos que la revolución digital y la globalización de la comunicación y los medios le plantean a los sistemas electorales.
Recomendaciones
Cambios normativos
El conjunto de la normativa electoral debe ser motivo de una amplia meditación tanto respecto a su modificación como en su cumplimiento.
El problema más acuciante es la inexistencia de una ley de garantías electorales que, en un marco de reelección consecutiva, regule el papel del Estado, sus recursos y las actividades de sus funcionarios en las campañas electorales y que reglamente la información gubernamental y el acceso de los partidos a los medios. El objetivo debe ser que prevalezca un criterio de equidad y que el candidato oficial no tenga ventajas inequitativas resultantes de su investidura.
Sin embargo respecto a esta cuestión, y a modo de breve reflexión de carácter general, la Misión cree oportuno que cualquier reforma legal se establezca en el ámbito de un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas, y que no favorezca a la circunstancial mayoría.
El marco legal de la Junta Central Electoral también debería ser ampliado en diversos ámbitos, pero especialmente en lo que se refiere a las denuncias. En este sentido debería, entre otras, ser analizada la posibilidad de implementar una Fiscalía Electoral como nexo entre el poder electoral y el Ministerio Público. Respecto a este tema, la Procuraduría tiene un papel fundamental en la resolución de las demandas electorales. Es importante que exista fluidez, rapidez y transparencia en la resolución de las mismas y se sugiere también una modificación normativa que permita que éstas puedan ser investigadas de oficio, sin que sea necesaria una querella previa.
Hay que destacar que existe consenso entre los partidos y las autoridades electorales y gubernamentales respecto a la necesidad de ampliar y mejorar la ley electoral y generar nueva legislación en cuestiones tan críticas como el financiamiento y funcionamiento de los partidos políticos. La Misión de Observación espera que el consenso se vea acompañado por la suficiente voluntad política y, en todo caso, apoya estos esfuerzos y considera que significarán un gran avance para la legislación dominicana.
También se debería reflexionar sobre las agrupaciones a favor de las candidaturas. En la República Dominicana los candidatos reciben el apoyo de numerosas agrupaciones políticas, en ocasiones de varios centenares de ellas, que no son estrictamente partidos pero que sí pueden poseer estructura, organización y financiación. Estas organizaciones, que pagan anuncios televisivos y organizan marchas y eventos políticos, deberían ser normadas y controladas de un modo más eficiente.
Junta Central Electoral
La Junta Central Electoral debe ser fortalecida y protegida en la medida que es un patrimonio democrático de todos los ciudadanos dominicanos.
Pese al buen funcionamiento general de la Junta y la buena preparación del proceso, hay algunas cuestiones a las que la Misión considera oportuno referirse:
a.- Elección de magistrados: Actualmente, los magistrados de la JCE son elegidos a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación del Senado por un periodo limitado de tiempo lo que puede implicar fuerte influencia de la circunstancial mayoría partidaria. Durante estos comicios, las diferencias políticas entre las autoridades han logrado ser resueltas positivamente. Sin embargo, pueden empañar el espíritu de órgano colegiado que se espera de la Junta y, en consecuencia, el buen desempeño de la institución. Sería oportuno que se analicen métodos de elección de los magistrados sobre la base de consensos más amplios.
b.- Scanner: Mantenemos nuestra posición de que el uso de los scanner debe influir positivamente en el desarrollo del proceso. La Junta lideró con determinación la implementación de este sistema y la Misión cree que fue una decisión correcta. Se sugiere continuar y ampliar el uso de los scanner hasta que cubran el mayor número posible de recintos a nivel nacional y a continuar trabajando con los partidos para que todas las dudas vayan resolviéndose con la oportuna antelación.
Día de los comicios
La duración de los comicios es excesiva. Es extenuante, y seguramente innecesario, mantener a los jurados en sus colegios y a la policía electoral en los recintos durante jornadas que pueden superar fácilmente las 15 horas. Se sugiere recortar la duración de los comicios.
La política respecto a las encuestas en boca de urna ha demostrado no ser eficiente en la medida que se han incumplido las prohibiciones. Mantener la proscripción pero luego ser tolerante con su cumplimiento es una contradicción. En ese sentido, se recomienda seguir la tendencia internacional de permitir las bocas de urna y tan sólo prohibir su difusión hasta determinada hora después de que cierren los colegios.
Conclusiones
En resumen, la misión considera que el proceso se ha realizado de manera exitosa y que la voluntad de los dominicanos, libremente expresada en las urnas, se ha respetado.
La misión no puede menos que reconocer el esfuerzo realizado por todos los actores electorales y, en particular, por la Junta Central Electoral. Los desafíos que tuvo que enfrentar no fueron menores, pero siempre prevaleció la voluntad de resolver los problemas y la confianza en la posibilidad de concluir exitosamente con todo el proceso.
Esta Misión desea recalcar la actitud de respeto y prudencia con que el candidato oficialista, Leonel Fernández Reyna y el Partido de la Liberación Dominicana actuaron durante la jornada electoral tras conocerse los resultados. En similar actitud fue que la rápida y contundente aceptación del resultado por parte del candidato Miguel Vargas Maldonado y el Partido Revolucionario Dominicano.
Es necesario reconocer el orden y la corrección con la que el pueblo dominicano participó en la elección de su presidente. La responsabilidad demostrada por los dominicanos no deja dudas respecto el buen estado de su democracia.
Quiero agradecer, en nombre de todos los observadores y en el mío propio, la generosidad con la que fuimos recibidos, la absoluta libertad que tuvimos para realizar nuestro trabajo y la cordialidad con la que nos trataron. En ocasiones el trabajo, incluso el trabajo más duro, puede también ser un placer. Esta fue una de esas ocasiones.
Fue un honor y un orgullo para todos los integrantes de la misión de observación poder compartir estas largas semanas con los funcionarios electorales, con los candidatos políticos y, en general con los hombres y mujeres de este extraordinario país.
Muchas gracias