Ing. Samuel De Moya G
Nuestro país quedó ridículamente posicionado en el Indice de Competitividad Global 2010 – 11 difundido por el Foro Económico Mundial, e igualmente en el Informe 2010 de la Corporación Latinobarómetro. Se trata de dos ONGs sin fines de lucro. La primera, con sede en Suiza, analiza anualmente los problemas más apremiantes de más de cien países en el mundo. Y la segunda, con sede en Chile, evalúa el comportamiento de las variables socioeconómicas de los países latinoamericanos.
Los arranques de sinceridad de algunos funcionarios de este gobierno han sido coincidentes con la alarmante realidad que nos han presentado estas agencias internacionales. Rafael Camilo, reconocido economista y actual Director General de Aduanas, recientemente se despachó afirmando que “el modelo de desarrollo de República Dominicana es excluyente, no genera empleos de calidad, genera informalidad. Por tanto, hay que romperlo para que genere empleos de calidad fijos”. Afirmó además que “la informalidad era de 50 por ciento hace 15 años y hoy supera el 60 por ciento”.
De igual forma se pronunció en diciembre pasado Max Puig, Ministro de Trabajo, cuando apuntó que “el modelo económico y social dominicano ha fracasado porque es excluyente y clientelista”. Destacó que “la República Dominicana es el país de América Latina y el Caribe que ha tenido los mejores indicadores de crecimiento económico en los últimos 60 años y llega en los últimos lugares en salud, educación, altos índices de pobreza, de desigualdad social y otros indicadores sociales”.
Las estadísticas del Foro Económico Mundial en su análisis a 139 países en el mundo son muy elocuentes. Presentan a la República Dominicana navegando en las últimas posiciones en renglones muy sensitivos en el nivel de vida de la población. Veamos:
RENGLON POSICION
Favoritismo de los funcionarios del gobierno 139 (último lugar)
Despilfarro en el gasto gubernamental 138
Calidad de la educación primaria 137
Desvío de fondos públicos 134
Calidad del suministro eléctrico 132
Confianza de la población en los políticos 126
Costo de la delincuencia y la violencia para la empresa 125
Crimen organizado 121
Prevalencia de las barreras del comercio 121
El contenido del Informe Latinobarómetro no es menos alentador. Revela que República Dominicana está entre los primeros seis países en América latina en cantidad de asaltos por
habitantes en el 2010. También, en penúltimo lugar en relación a la eficacia de las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y, entre los primeros cuatro países con menos logros en el combate a la corrupción en la región. Asimismo, apunta que sólo Perú cuenta con una seguridad ciudadana peor que la nuestra.
Y por si acaso quedan dudas, enfoques de la misma naturaleza emitieron recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las cuales destacaron que es República Dominicana el país de América Latina que tiene la mayor tasa de desempleo, la cual se sitúa en un 14 por ciento.
La situación de nuestro país nos lleva a recordar aquellas consideraciones de Winston Churchill, en las hizo alusión al simplismo gerencial de la élite política de Gran Bretaña: “siguen su camino singular, decididos a ser indecisos, resueltos a la irresolución, firmemente comprometidos a dejar que las cosas pasen, sólidamente partidarios de la fluidez, poderosamente anclados en su impotencia”.
En efecto, la sociedad dominicana necesita a partir del próximo 16 de agosto del 2012, no sólo un cambio de partido, sino también una forma diferente de gobernar para que se ponga en vigencia un esquema de gerencia pública sobre la base de una mejor distribución de las riquezas y del bienestar social. Nuestro país no puede seguir ocupando los primeros lugares de América Latina en crecimiento del PIB, y arropado por la vergüenza de permanecer en la últimas posiciones con relación a la calidad de vida de sus habitantes.
Es evidente que el factor clave para orientar a nuestro país por la ruta de un verdadero progreso debe centrarse en un cambio radical en el establecimiento de las prioridades. Estas deben enfocarse en el orden siguiente: Una inversión anual en educación que se acerque al promedio latinoamericano del 5.5% del PIB, el combate frontal a la corrupción en todas sus manifestaciones para rescatar la moral pública, un sistema eficaz para garantizar la seguridad ciudadana, un decidido apoyo a la mediana y pequeña empresa para garantizar empleos de calidad, un sólido respaldo al sector agropecuario para lograr la suficiencia alimentaria del pueblo dominicano y colocar nuestros productos en los mercados internacionales. Además, solución definitiva al problema energético, consolidación de la institucionalidad en los estamentos del Estado y, mayor nivel cuantitativo y cualitativo en la aplicación de la Ley 87 – 01 de Seguridad Social.
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