Bancos someten amparo contra norma de la Dirección de Impuestos Internos
El recurso fue incoado por todos los bancos privados y las asociaciones de ahorros y préstamos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El sector bancario y financiero del país interpuso, ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso de amparo contra la Norma General 13-2011, que obliga a las entidades de intermediación financiera a retener el 1% de los intereses que perciben las empresas por sus depósitos bancarios.
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) explicó que esta disposición de la Dirección General de Impuestos (DGII), que pretende ponerse en marcha a partir del próximo 1 de octubre, constituye una violación de los derechos fundamentales de las entidades de intermediación financiera al debido proceso administrativo, la legalidad, la seguridad jurídica y la razonabilidad.
El recurso es suscrito, además de los bancos que integran a la ABA, por la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. Los accionantes son los bancos Santa Cruz, Popular, BHD, BDI, Citibank, Bancamérica, Caribe, del Progreso, Promérica, López de Haro, León, Banesco, Vimenca y Scotiabank.
Mientras que las entidades mutualistas son las asociaciones La Nacional, La Vega Real, Popular, Mocana, Bonao, Duarte, Romana y Peravia.
“La entrada en vigencia de esta norma llevaría a la manifiesta ilegalidad a todas las entidades de intermediación financiera que componen el sistema financiero dominicano, y con ello pondría en riesgo toda la banca dominicana y la seguridad financiera y económica de la Nación”, sostiene la acción de amparo presentada a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Ovadis Marmolejos, Manuel Valerio Jiminián y César Joel Peña.
“La Norma General, si bien es cierto no hace un requerimiento directo sobre los montos depositados por las empresas, un simple ejercicio matemático podría permitir que la Administración Tributaria conozca el monto de depósitos que generan intereses que cada persona jurídica posee en las entidades de intermediación financiera”
Las entidades financieras afirman que con esta norma, la DGII no cumplió con lo establecido en la Constitución de la República, la cual señala que estas medidas deben someterse a consulta pública; ni con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que en su artículo 23 indica que las mismas deben ser publicadas en medios de amplia difusión, con suficiente antelación a la fecha de su expedición.
“No existe constancia pública o privada de que la accionada (la DGII), en un tiempo razonable o en vísperas de la aprobación de la Norma General, haya comunicado a las accionantes (entidades de intermediación financiera) el proyecto de decisión que se venía, disposiciones que entran dentro de la obligatoria consulta pública, en tanto tienen un carácter general y rige relaciones entre los particulares y la Administración Pública”, indica.
Afirma que la Norma 13-2011 atenta, además, contra el artículo 309 del Código Tributario, el cual establece que las instituciones de intermediación financiera, están exoneradas de actuar como agentes de retención en los casos de intereses percibidos por las personas jurídicas por sus depósitos.
En cuanto a la Ley Monetaria y Financiera, las instituciones financieras afirman que, de aplicarse la norma, esta legislación sería violentada doblemente: puede implicar que se levante el secreto bancario, previsto en el artículo 56, y que se suministren informaciones sin la intermediación de la Superintendencia de Bancos.
“La Norma General, si bien es cierto no hace un requerimiento directo sobre los montos depositados por las empresas, un simple ejercicio matemático podría permitir que la Administración Tributaria conozca el monto de depósitos que generan intereses que cada persona jurídica posee en las entidades de intermediación financiera”, expone.
Con esta acción de amparo, las entidades de intermediación financiera buscan que el Tribunal Superior Administrativo ordene a la DGII revocar, por ilegal, y dejar sin efectos la Norma General 13-2011. La audiencia está prevista para el próximo jueves 29 de septiembre.
