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6 jun. 2011

Desafíos de la comunicación en el mundo de hoy

Desafíos de la comunicación en el mundo de hoy

Juan Bolívar Díaz

La Vega, 05 de Junio del 2011

Agradezco la distinción de hablar en la celebración del 2011 de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, uno de los legados del decreto Inter Mirifica, con el que la Iglesia Católica reivindicó el valor y el uso de los medios de comunicación social en la evangelización.

El Inter Mirifica fue también el reconocimiento de los instrumentos creados por los seres humanos para comunicarse en un mundo de voces múltiples que se globalizaba progresivamente en la misma medida en que se reivindicaban la diversidad de lenguas y culturas.

Fue uno de los magníficos frutos del Concilio Vaticano II que dio un impulso extraordinario al acercamiento de la Iglesia de Jesucristo a las aspiraciones, luchas y expectativas de los seres humanos del siglo 20. Durante por lo menos dos décadas la Iglesia nos llenó de ilusiones enarbolando los planteamientos renovadores del Concilio que convocó Juan XXIII y que lamentablemente parecen haber sufrido un retroceso.

Mi carrera profesional, los conceptos éticos y mi visión de la comunicación social se nutrieron de los planteamientos del Concilio Vaticano Segundo, por dos caminos. El primero porque afortunadamente llegué a estudiar en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la primera de México y una de las precursoras de la profesionalización del periodismo en toda América Latina. Fue una creación original de periodistas católicos mexicanos, mucho antes del Concilio Vaticano II y del decreto Inter Mirifica. Allí aprendería que la comunicación tiene una profunda hipoteca social, de compromiso con los anhelos, las luchas y aspiraciones de los seres humanos por una sociedad de justicia y libertad.

El segundo camino es que concomitantemente con mis estudios, el director de la Septién García, el inolvidable profesor Alejandro Avilés, me llevó a trabajar en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) que fue consecuencia inmediata del Inter Mirifica. José Alvarez Icaza y su esposa Luz María, entonces presidentes del Movimiento Familiar Cristiano para América Latina habían tenido el privilegio de hablar en el Concilio Vaticano II, y allí él descubrió que era más comunicador que ingeniero constructor, profesión en la que había hecho fortuna.

De regreso a México con el Inter Mirifica bajo el brazo fundarían el primer centro católico para las comunicaciones sociales, donde yo tuve la fortuna de trabajar durante los años 1966 y 67. Allí y en la Septién García se forjaron los valores que pautarían mi vida profesional, por lo que les he quedado eternamente agradecido. Hace dos semanas concurrí a la casa de Alvarez Icaza para manifestar mi condolencias porque en diciembre pasado el ingeniero –Pepe, como le gustaba que lo llamaran- emigró hacia el infinito. Sin una lágrima ni la menor tristeza doña Luzma me contó la quietud con que ese extraordinario ser humano concluyó su existencia, con casi 90 años. Una parte de su fortuna la invirtió en el CENCOS.

Perdonen esta larga disquisición, pero creo que tiene sentido en la conmemoración y cuando me han pedido que les hable de los desafíos de la comunicación en nuestros días, que para mi son los mismos que afrontamos quienes nos hicimos a la aventura comunicativa hace más de cuatro décadas.

Confieso que no es fácil hablar de comunicación social en estos tiempos cuando el mundo sufre sacudimientos derivados de la pérdida de la brújula moral y la sociedad dominicana padece de una grave anomia social, que es el divorcio entre la conducta de la comunidad y los valores y normas establecidas.

Hemos llegado a un punto muerto en que las aspiraciones más elementales de convivencia social y solidaridad humana parecen utopías irrealizables en este mundo de la globalización y de la sociedad del conocimiento, donde la virtualidad lo ha relativizado todo, hasta crear una gran confusión sobre dónde comienza la virtud y donde termina la utopía.

Hace poco más de dos décadas el mundo asistía al final de la guerra fría y se prometía una nueva etapa de construcción y solidaridad, de caída no sólo de los muros materiales que separaban pueblos y continentes, sino también de todo género de discriminación racial, religiosa o de género.

Como avance y promesa redentora vimos salir a Nelson Mandela de las ergástulas donde el apartheid lo mantuvo durante un cuarto de siglo para conducir a su pueblo por el difícil camino de la redención social, racial y política y dar ejemplo de rectitud, de reciedumbre moral y ética, de coherencia con toda una vida, para concluir un período de gobierno y retirarse en camino hacia la gloria.

Con el fin de la guerra fría se hilvanaron muchos sueños y se creyeron de próxima materialización muchas de las utopías humanas de construcción de la paz y de la hermandad, de una mejor distribución de las riquezas, del imperio de la justicia.

Pronto veríamos que esos sueños naufragaban en el mar de la realidad, cuando descubríamos que el gasto militar y la industria de la guerra en vez de reducirse se incrementaban. La superpotencia triunfadora sobre el socialismo real incrementaba su inversión militar hasta el nivel de los 500 mil millones de dólares en el año fiscal 2004-05.

El escritor argentino Juan Gelman, en su ensayo Militarismo, las Cifras del Escándalo, calculaba que ese gasto militar implicaba 1,360 millones de dólares por día, 56 millones por hora y 940 mil dólares por minuto.

Esas cifras siguen siendo superadas cada año. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz, de Estocolmo, acaba de presentar su informe sobre el gasto militar en el mundo durante el pasado año 2010, que ascendió a mil 630 billones de dólares. De ellos sólo Estados Unidos gastó 698 mil millones, es decir 198 mil millones más que cinco años atrás, un crecimiento del 40 por ciento. Y en Sudamérica el gasto militar fue de 63 mil 300 millones de dólares, que es lo mismo que decir 7 veces el presupuesto de la República Dominicana en el 2011.

La caída del socialismo y la reducción de los debates ideológicos, al compás de la música de una sola potencia, en vez de inducir la racionalidad, aumentaron la hegemonía y acentuaron la concentración de la riqueza.

Los organismos intermedios, como el sindicalismo, entraron en profunda crisis, degradando la capacidad de defensa de los trabajadores, y los instrumentos de negociación, como los escenarios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) perdieron vigencia, y la misma Organización de las Naciones unidas devino en insubstancial e irrelevante, cuando George Bush decidió iniciar la destrucción y ocupación de Irak con “la guerra de los billones de dólares”.

Si aceptamos la definición de la ética como el conjunto de valores y principios basados en el bien común y el derecho a la realización y la felicidad de los seres humanos, tendremos que concluir que nuestro mundo está bien lejos de esos ideales.

Asistimos a un mundo globalizado caracterizado por una dominación de pueblos y naciones con amenaza sobre lenguas y culturas, exclusión de razas, de género y social, y subsistencia de fundamentalismos religiosos y políticos. Con la imposición de una superpotencia que militariza al mundo con 725 bases militares en 120 países, y que ha amenazado con extenderse al espacio, como relata Chalmers Jonson, profesor emérito de la Universidad de California en su obra “Las Amenazas del Imperio, militarismo, secretismo y el fin de la República”

La emergencia de Barack Obama representó una promesa de cambio en Estados Unidos y el mundo, pero transcurrida la mitad de su período las ilusiones se van esfumando, porque la realidad de la dominación es mucho más fuerte que la buena voluntad.

Todavía no nos hemos recuperado de la crisis de las relaciones internacionales que supuso la destrucción de Irak, y genocidios como los del Líbano y Palestina. O del sacrificio de los derechos y libertades individuales en naciones que considerábamos líderes en materia de derechos humanos.

Son intelectuales y funcionarios norteamericanos los que cuentan los brutales niveles que alcanzaron los desbordamientos post-guerra fría. Hay que leer a Richard Clarke, coordinador del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos en los gobiernos de Bush, quien renunció en el 2003 y dejó su testimonio en el libro “Contra todos los Enemigos”.

Invito a revisar las memorias de Paul O´ Neill, exsecretario del Tesoro de la era Bush, “El Precio de la Lealtad” escritas por Ron Suskind. También a consultar la obra del multimillonario norteamericano George Soros: La Burbuja de la Supremacía Norteamericana, o Cómo corregir el abuso de poder de Estados Unidos.

Ni hablar de las denuncias del filósofo y lingüista del instituto Tecnológico de Massachussets Noam Chonsky, quien nos presenta un mundo cada vez más inseguro, con riesgos potencialmente catastróficos, en su obra “Hegemonía o Supervivencia; el dominio mundial de Estados Unidos”.

La locura del 11 de septiembre del 2001 y los desbordamientos que le siguieron hicieron trizas las ilusiones que despertó el fin de la guerra fría. Y desde entonces el mundo entró en una vorágine que tiene expresión en la crisis económica que nos sacude.

Esta es particularmente la crisis de la globalización, del neoliberalismo a ultranza que derrumbó todas las regulaciones y quiso convertir al Estado en un simple policía de tráfico.

De repente como que todo se derrumbó y la falta de ética y la inmoralidad impuestas en el mundo han quedado al desnudo, lacerando las conciencias de los seres humanos más sensibles.

Casi se ha perdido la cuenta de los millones y billones de dólares, en cifras difíciles de retener que han tenido que pagar el pueblo de los Estados Unidos y de las naciones que concentran la riqueza para contener el sunami económico, que arrasó hasta con la General Motors, símbolo primigenio del capitalismo. Y lo mismo sacudió a otros como la Crysler, el Citibank o el New York Times.

De golpe el Grupo de los Siete que hegemonizaba la economía mundial, (Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón) tuvo que ampliarse aceleradamente. En Octubre del 2008 Robert Zoellick, el presidente del Banco Mundial, proclamó que ya ese exclusivo club no era suficiente para enfrentar el desbarajuste económico y pidió convertirlo en un G-14, agregando a Arabia Saudita, Brasil, China, India, México, Rusia y Sudáfrica. Pero sólo un mes después, en noviembre, no se reunió en Washington un G-14, sino un G-20, porque hubo que incorporar también a Argentina, Australia, Corea del Sur, España, Indonesia y Turquía.

Asistimos a una cadena de revelaciones sobre los niveles de voracidad que desarrollaron los ejecutivos de las finanzas, el comercio y las industrias transnacionales y globalizadas, especialmente de las que desde Wall Street se constituyeron en el más grande poder económico-político de la historia.

Nadie pudo sospechar que un solo individuo, Bernard Madoff, pudiera estafar a inversionistas con más de 50 mil millones de dólares, y en plena era de la información y del conocimiento. Sin que nadie se diera por enterado los ejecutivos de las grandes instituciones financieras quebradas cobraron en 2008 bonos por más de 18 mil millones de dólares. Mientras Dick Fuld, presidente de la quebrada Lehman Brothers, recibía 256 millones de dólares en una década, y grandes ejecutivos llegaron a cobrar 17 mil dólares por hora. Aún después de su debacle financiera los ejecutivos de Merrill Lynch se atribuyeran bonos por 4 mil millones de dólares. Y algunos de los consorcios rescatados con el dinero público han vuelto por sus fueros distribuyendo bonos a granel entre sus ejecutivos.

No sólo hizo explosión la burbuja hipotecaria y financiera, sino también la burbuja del libre mercado, de la absoluta carencia de ética. Y los ideólogos de ese desastre son tan cínicos que iniciaron el rescate del capitalismo salvaje, pero insistiendo en anatematizar el papel del Estado, y algunos se han atrevido a hablar del peligro de la socialización de los Estados Unidos.

El filósofo y periodista catalán Ignacio Ramonet diagnostica una ley del cinismo neoliberal que “privatiza los beneficio pero socializa las pérdidas. Y se hace pagar a los pobres las excentricidades irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más”.

A estas alturas de la catástrofe que ha desestabilizado naciones enteras de Europa y que ha amenazado hasta a los Estados Unidos debería haber quedado claro que el mundo necesita un nuevo ordenamiento ético-jurídico, que es preciso volver a hablar de códigos deontológicos, que hay que imponer límites a la voracidad humana, esa que determina que 25 multimillonarios latinoamericanos hayan acumulado cerca de 100 mil millones de dólares, mientras la tercera parte de la población de la región vive en niveles de pobreza.

Es irónico comprobar que la quiebra de los mecanismos regulatorios, al compás del dejar hacer-dejar pasar absolutos, no sólo se produjo en países de escasa institucionalidad y de acusadas debilidades democráticas, como los latinoamericanos, sino que el virus estaba en el corazón mismo del cuerpo de la economía globalizada y en países que se creían modelo de fortaleza en las instituciones y los mecanismos democráticos.

Los dominicanos, como los mexicanos, argentinos, ecuatorianos, etc. pagamos con anticipación el costo de las crisis financieras propias, con el agravante de que ahora nos tocan también los ramalazos que se desprenden de la catástrofe de las cifras descomunales.

En la República Dominicana no hemos terminado de pagar y tendremos que hacerlo por mucho tiempo, sacrificando gran parte de lo que deberíamos invertir en educación, salud, vivienda e infraestructura. El déficit acumulado en el Banco Central, superó los 200 mil millones de pesos, pendiente de sacar la cabeza en cualquier momento cuando se agoten las maniobras monetarias y la capacidad de endeudamiento.

Tan grave como la crisis financiera del 2003, o tal vez peor, es el andamiaje que hemos venido construyendo para desinstitucionalizar el país e imponer el pragmatismo salvaje en la actividad política.

Hemos hecho una gran revolución jurídico-institucional en las últimas dos décadas, pero para nada, pues nos mostramos incapaces de respetar las normas que hemos creado, ignorándolas por completo o cumpliéndolas sólo en la medida en que el pragmatismo considera conveniente.

La ausencia de ética en todas las actividades públicas y privadas está a la visa de todos. El ejemplo más visible lo tenemos en esas calles y carreteras del sálvese quien pueda, donde cada día se descubre que nuestra capacidad para innovar en violaciones al tránsito vehicular no tiene límites.

Pareciera que la sociedad dominicana deviene en una jungla infectada del terrible virus de la anomia social, que se puede diagnosticar en la vulgarización de la política, convertida en negocio y degradada al ejercicio de la simple conveniencia coyuntural, que ha convertido a autócratas egocéntricos en patricios democráticos, y que enriquece a casi todo el que la ejerce, a costa de acentuar la pobreza y la exclusión de las mayorías que se adormecen con una solidaridad clientelista de 700 pesos mensuales que sólo sirven para mantener la pobreza.

Acusamos una enorme desigualdad, con el 57 por ciento de la población laboral en la informalidad y niveles salariales que no cubren el costo de la canasta familiar básica, mientras acumulan grandes riquezas por los infinitos mecanismos de la corrupción, el tráfico de influencia, la repartición del patrimonio público y el rentismo empresarial.

El inventario de reformas que hemos realizado en las últimas dos décadas, o de leyes promulgadas, es tan amplio que amerita un tratamiento exclusivo. Pero de cualquier forma señalaremos algunas de las más trascendentes, aún por cumplir:

1.- Ley de compra y contrataciones de obras del Estado, cuya violación implica porcentajes muy elevados de la inversión pública y del gasto. Ello explica que una obra, como la remodelación del Palacio de Bellas Artes se cotizara en 700 millones de pesos y concluyera en el doble. O que 9 años después de un decreto presidencial que centraliza las compras de medicamentos a través de los concursos de Promese, el 69 por ciento de las compras estatales de medicinas se siga adquiriendo por la libre.

2.- No hay manera que podamos cumplir la ley general de presupuesto.

3.- Las leyes que destinan 4 % del PIB a la Educación, y el 10 por ciento de los ingresos a los municipios, violentada sistemáticamente por los gobiernos.

4.- La nueva ley 176-06 sobre municipios que otorga facultades adicionales a estas entidades del Estado, pero sin canalizarle los recursos que precisan.

5.- La Ley de Declaración Jurada de Bienes, incumplida hasta por los legisladores.

6.- La ley de libre acceso a la información pública. En la sociedad de la informática dejamos de publicar en detalles los egresos del presupuesto nacional, aleccionados por experiencias que evidenciaron desvíos dolosos.

7.- En el 2001 aprobamos la ley que crea el Defensor del Pueblo, pero una década después todavía no le han electo.

8.- La Ley de Asociaciones sin fines de lucro, del 2004.

9.-La ley general de Migración que lleva 5 años esperando el reglamento, mientras todos los días nos quejamos de la “invasión haitiana”, que no es otra cosa que el tráfico de mano de obra incondicional.

10.- La ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de 1991 nunca fue cumplida y fue sustituida el año pasado por la Ley de la Función Pública, ya ignorada en numerosos planteamientos.

11.-La Ley que penaliza el robo de energía, que el mes próximo cumple dos años sin que todavía se conozca un solo caso de aplicación.

12.- Y por ahí andan a medias las nuevas leyes de la Cámara de Cuentas, de Contraloría, de Tesorería, de Crédito Público y readministración Financiera.

13.-Significativamente no hemos podido aprobar las nuevas leyes de Participación social y de Partidos Políticos, aunque han sido consensuadas varias veces e introducidas al Congreso Nacional.

14.- Es particularmente relevante que hace diez años aprobamos una ley general de Seguridad Social basada en la universalidad, pero los mismos legisladores fueron los primeros que se autoexcluyeron para mantener un sistema privilegiado. Fueron seguidos nada meno9s que por la justicia, la cámara de cuentas y la Junta Central Electoral. Es decir que los mecanismos fundamentales de control del Estado violaron el espíritu y la letra de la mayor reforma social de nuestra época.

La ausencia de controles por parte de los organismos instituidos como el Congreso Nacional, la Contraloría General y la Cámara de Cuentas, el derroche de los recursos y la repartición en los organismos descentralizados, son también cuentas del rosario de falta de ética de la sociedad dominicana.

Los ejemplos más visibles, han quedado patentes en las dos últimas cámaras de cuenta y en los barrilitos y cofrecitos de senadores y diputados, dedicados a realizar supuesta asistencia social, atribuyéndose inconstitucionalmente recursos públicos, pero en cambio no cumplen con su función de control de los actos del poder ejecutivo.

Hace un año proclamamos con bombos y platillos una nueva Constitución para la sociedad de la información y la era del conocimiento, para el nuevo milenio, pero ya la hemos violado repetidas veces, como ha quedado de manifiesto en los últimos meses

La Constitución siguió como simple pedazo de papel cuando desconocimos el alcance de su artículo 81 que instituyó los cinco diputados nacionales para representación de las minorías pero quedaron en manos de los partidos mayoritarios.

También cuando elegimos nuevos jueces electorales en desconocimiento del séptimo transitorio que disponía la permanencia de los anteriores jueces hasta que se constituyeran los nuevos órganos instituidos por la misma Constitución.

Cuando descubrieron que la nueva carta magna, en el inciso 10 de su artículo 63, daba rango constitucional a la ley general de educación 66-97 que instituye el 4 por ciento mínimo del PIB para la educación, resolvieron suspendiendo por un año la vigencia de la misma.

Intentamos desconocer el artículo 277 que establece la facultad del nuevo Tribunal Constitucional para conocer de las resoluciones de la Suprema Corte en materia de derechos humanos. Como también hemos pulseado para violar el artículo 187 que establece las mismas condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional que para la Suprema Corte. Todo porque se ha querido premiar a alguno de los juristas que tienen que retirarse de la carrera judicial.

Recientemente hemos visto como se desconoce el artículo 112 que establece las dos terceras partes de los votos en cada cámara para aprobar las leyes orgánicas, como la del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta misma semana los presidentes de los dos partidos mayoritarios han firmado un acuerdo que valida una violación de la Constitución de la República.

Y hace dos meses el presidente de la República “generosa y desinteresadamente” decidió que no se repostulará, tras considerar que tenía todo el derecho, pese a la contundencia del artículo 124 de su propia Constitución que prohíbe la reelección presidencial.

Lo más relevante es que la sociedad dominicana parece adormecida, que acepta todo género de distorsión, que ha perdido la capacidad de asombro, martillada por el hecho de que casi cada semana aparece un nuevo escándalo que saca el anterior del foco de atención.

Tal vez tenía razón Juan Isidro Jiménez Grullón

+ cuando definía la nación como una ficción. Y no otra cosa son instituciones tan fundamentales como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, hipertrofiadas con más de 90 mil miembros activos pero con salarios tan miserables que son un incentivo a todo género de tráfico y que empujan a sus integrantes a vincularse a la delincuencia común y el narcotráfico. Que nadie se engañe pensando que con salarios de 10 mil pesos un teniente de la Policía va a salir a las calles a jugarse la vida para defender la de otros o para proteger la propiedad ajena.

El panorama es desolador, pero desafiante. No se trata de apabullarlos, sino de escandalizarlos, de convocar la conciencia de los dominicanos y dominicanas para que un día de estos emprendamos una cruzada de rescate de los valores éticos y morales que dignifiquen la actividad política, la empresarial y de la comunicación social.

El desafío es en particular para las nuevas generaciones que tendrán que enfrentar la realidad de que este es el único país en que no son extranjeros, a menos que tengan la desgracia de ser descendientes de haitianos, ahora excluidos y destinados a constituir un nuevo gueto o apartheid. Las nuevas generaciones tendrán que vérselas aquí porque cada vez más les será difícil emigrar, ya que las fronteras transnacionales seguirán cerrándose progresivamente.

No será fácil revertir el proceso de descomposición social que vive la nación, pero luchar es imperativo para los seres humanos más conscientes y responsables. Con la convicción de que la sumatoria de esfuerzos multiplicará las energías, pero conscientes de que se trata de una tarea de largo plazo, que se construye de lo pequeño a lo grande, cada día y en toda circunstancia.

Es en ese marco que se inscribe el ejercicio y la responsabilidad de la comunicación social y el periodismo dominicanos, más desencajados que nunca de los códigos internacionales que pautan este hermoso quehacer. Seguro que pocos comunicadores conocen los preceptos fundamentales del Código de Ética proclamado por el Colegio de Periodistas en 1994, y menos el del diario El Caribe del 2001, y ni hablar del de Media Team Dominicana que editaba el semanario Clave y Clave Digital hasta su claudicación del año pasado.

El periodismo dominicano atraviesa por una de sus peores crisis de la etapa democrática que se inició hace medio siglo con la decapitación de la tiranía de Trujillo. Nunca como ahora había habido tanta confusión ética en este quehacer que García Márquez definió como el mejor oficio del mundo. Nunca antes tantos periodistas activos, empleados de los periódicos, la radio y la televisión, habían estado al mismo tiempo en las nóminas del gobierno.

Es una responsabilidad compartida entre los propietarios y ejecutivos de los medios y los periodistas. Porque los bajos salarios obligan al pluriempleo y a aceptar la dicotomía de trabajar para el gobierno al mismo tiempo que se ejerce la función periodística. Aunque a decir verdad muchos ni siquiera llegan a trabajar, sino que simplemente están en las nóminas.

Con todo hay que reconocer el espíritu libre de muchísimos comunicadores que reciben un salario del gobierno y tratan de justificarlo con su trabajo y al mismo tiempo hacen esfuerzo por mantener algún nivel de objetividad e independencia.

Pero el pluriempleo y la confusión de roles del periodista y el relacionador público son serios problemas pendientes en la ética del periodismo dominicano, de los profesionales y de las empresas.

No me resulta agradable constituirme en un denunciante de estas anomias éticas del periodismo, por cuanto yo he sido un privilegiado en materia salarial. He podido vivir dignamente con el salario periodístico. La fórmula me la enseñaron los maestros del periodismo que me nutrieron: estudiar, superarse uno para hacerse respetar y para que tengan que contar con uno, y luego, ser fiel al principio de la comunicación, que no es otro que hacer común los sueños, las luchas, las expectativas de la comunidad. Ir con las riendas tensas y refrenando el vuelo pero consciente, como Machado, de que lo importante no es llegar solo y de prisa, sino con todos y a tiempo.

Tenemos que reivindicar la hipoteca social del periodismo y la comunicación, los principios fundamentales del pluralismo, de la objetividad que no se debe confundir con neutralidad, que es la búsqueda incesante de la verdad, la investigación y difusión de la realidad, de los males de la sociedad, con una visión de pluralidad, con la humildad de los que saben reconocer limitaciones y errores y los rectifican.

Con la convicción de que la comunicación es también riesgo, renunciación personal, entrega a la sociedad para que ella se exprese a través de nosotros. Como Horacio Guaraní convencido de que si se calla el cantor calla la vida, porque la vida misma es como un canto, que si se calla el cantor muere de espanto, la esperanza la luz y la alegría. Que si se calla el cantor se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Y qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condena a andar sin manta.

El primero y más importante mandato ético de la comunicación es trabajar por la solidaridad humana, por la paz y la confraternidad, con la convicción de que las utopías de hoy son las realizaciones del futuro.

Los dejo con un poema del extraordinario escritor latinoamericano Mario Benedetti, quien partió hacia la trascendencia hace dos años, titulado Por qué Cantamos:

Si cada hora viene con su muerte

Si el tiempo es una cueva de ladrones

Los aires ya no son tan buenos aires

La vida es nada más que un blanco móvil

Usted preguntará por qué cantamos

Si nuestros bravos quedan sin abrazo

La patria se nos muere de tristeza

Y el corazón del hombre se hace añicos

Antes que aún explote la vergüenza

Usted preguntará por qué cantamos.

Si estamos lejos como un horizonte

Si allá quedaron árboles y cielo

Si cada noche es siempre alguna ausencia

Y cada despertar un desencuentro

Usted preguntará por qué cantamos

Cantamos porque el río está sonando

Y cuando suena el río suena el río

Cantamos porque el cruel no tiene nombre

Y en cambio tiene nombre su destino

Cantamos por el niño y porque todo

Y porque algún futuro y porque el pueblo

Cantamos porque los sobrevivientes

Y nuestros muertos quieren que cantemos

Cantamos porque el sol nos reconoce

Y porque el campo huele a primavera

Y porque en este tallo en aquel fruto

Cada pregunta tiene su respuesta

Cantamos porque llueve sobre el surco

Y somos militantes de la vida

Y porque no podemos ni queremos

Dejar que la canción se haga ceniza.